Cuando un Estado muestra falta de capacidad o voluntad para proteger a sus
ciudadanos de la violencia, y más detenidamente, de la desnutrición; o su
tendencia a considerarse más allá del alcance del derecho nacional o
internacional, y por último padece un grave déficit democrático: estamos
hablando de un Estado fallido.
Guatemala presenta todos los síntomas. Sin embargo, la escalada de la
sociedad en la recuperación de la “esfera pública” hace renovar esperanzas por
la reconfiguración de una cosa pública que nada tiene que ver con sus
representados.
Dicha renovación pasa precisamente por la reforma de los procedimientos
democráticos tradicionales e impulsar una participación más coherente de la
sociedad a través de sus representaciones reales.
No podemos dejar pasar como sociedad que la expresión sea coartada, más si
esta veda viene de expresiones recalcitrantes que solo avivan un enfrentamiento
estéril y egoísta.
Tal es el caso de Méndez Ruiz contra Daniel Pascual. No podemos ser
permisibles con la aberración que representa para las víctimas el caso Sepur
Zarco.
La sociedad no puede solo indignarse (los sábados) y escuchar toda la semana
las sandeces de diputados tránsfugas dándose baños de pureza que más bien son
de craza ignorancia e ignominia. Ellos son el Estado, pero nosotros también.
Cuando un diputado de manera descarada defiende su reelección como motivo
mayor para estar en el Congreso, en lugar de mostrar con su trabajo para con la
ciudadanía las razones por las cuales debería quedarse en el hemiciclo, muestra
no tener voluntad para protegernos y representarnos.
Los que dirigían el Gobierno y se consideraban más allá del derecho nacional
e internacional, ya están siendo procesados por la justicia.
Faltan muchos más, pero se necesita de la sociedad apuntalando las acciones
de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, tal
como sucedió con las reformas a Ley del Ministerio Público: aquí las malas
intenciones de los “maquialelos” sucumbieron ante la acción social.
No permitamos más avances en el déficit democrático de nuestro país, aún “no
hemos perdido irremisiblemente el control sobre nuestro propio futuro”.